Hace un año y medio hubo en esta ciudad –y en unas pocas del interior– un esfuerzo muy importante por interpelar de veras a quienes nos gobiernan. No me refiero al extraordinario acampe de los jubilados que llegaron a armar un rancherío en plena avenida frente a la Caja de jubilaciones de la provincia, ahí donde pasaron incluso los meses crudos del invierno. Tampoco refiero a los paros y movilizaciones de trabajadores estatales que, durante algún tiempo, parecieron poner en jaque al gobierno de Alicia, la hermana de Kirchner.
Hace casi dos años hubo un pedido de juicio político contra la gobernadora de Santa Cruz. ¿Alguien todavía lo recuerda? Un pedido que fue presentado con seriedad por parte de un grupo bastante reducido de personas bien organizadas. Me consta. En esos meses de 2017 me tomé el trabajo de leer esos escritos y uno de ellos en particular había sido redactado con una meticulosidad y una precisión admirables. Eran páginas y páginas que describían con esmero, inteligencia y precisión el verdadero descalabro de este gobierno que está transitando en 2019 su último año de mandato.
-Último año de mandato, je. ¿Y después qué?
-Quién sabe después. Por ahora sigo pensando que el futuro se debate entre Frankestein y Jack el Destripador.
Decía que ese escrito, preparado con esmero, que era la fundamentación del pedido de juicio político contra la gobernadora, describía el verdadero descalabro de ésta, nuestra provincia, en múltiples aspectos.
-¿Y acaso hoy estamos mejor?
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NO HAY NADA MÁS VIEJO QUE EL DIARIO DE AYER, reza el dicho. ¿Cuál es el sentido de leer una vieja nota periodística, incluso una nota que no llegó a ser publicada?
A mediados de aquel año –2017– participé de una breve experiencia que se llamó Nuevo Día LA REVISTA. La publicación en papel de la cooperativa de periodistas de Río Gallegos editó dos números que salieron a la calle. El tercero se imprimió pero nunca vio la luz: una serie de gruesos errores, incluso en la portada, llevaron a tomar la decisión de que no saliera a la venta. Fue el fin. Una verdadera pena: el esfuerzo había sido grande y aquella frustrada edición tenía una serie de notas y firmas bien interesantes.
Llevaba de portada LA PUTA CORRUPCIÓN santacruceña de cada día. En mi caso, escribí acerca del pedido de juicio político a la gobernadora. Habiendo transcurrido casi dos años de aquel proceso, suelo reaccionar con una especie de mueca amarga cuando releo aquel escrito.
¿De qué sirve mirar para atrás cuando lo que tenemos por delante –el proceso electoral– es lo determinante en términos políticos? Una de mis claves está en el final de aquel escrito, que les comparto.
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JUICIO POLÍTICO A LA GOBERNADORA
EL VALOR DE LOS MILES DE PEDIDOS QUE SE PRESENTARON EN LA LEGISLATURA.

A poco de cumplir dos años de mandato abundan las razones para iniciar el proceso de juicio político contra Alicia Kirchner. ¿Es una actitud golpista y desestabilizadora plantearse esta idea, tal como lo afirmó un rancio comunicado del Frente Para la Victoria?
Para nada: la posibilidad del juicio político está contemplada en nuestra Constitución Provincial.
¿Cuál fue el sentido de promover un pedido de juicio político que debía pasar por la Cámara de Diputados, cuando es el propio kirchnerismo quien controla los dos tercios de los votos que allí se necesitan para que un pedido prospere? Hagamos una pausa para analizar el tema corriéndonos del vértigo que imponen la crisis y la actualidad. Y tomemos partido.
QUÉ DICE LA LEY. El artículo 137 de la Constitución Provincial define que, además del gobernador, están sujetos a juicio político el vicegobernador, los ministros y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Según nuestra ley máxima, son cuatro sus causales: 1. incapacidad física o mental sobreviniente, 2. delitos en el desempeño de su función, 3. falta de cumplimento de los deberes a su cargo y 4. delitos comunes. Además, la Constitución le asigna un rol preponderante a la Cámara de Diputados, cuyos integrantes conforman una Sala Acusadora y otra Juzgadora, elegidos por sorteo al inicio de cada periodo legislativo.
La norma que define en detalle el procedimiento de juicio político es la Ley 13, según la cual el juicio “podrá ser promovido por cualquier habitante de la provincia aunque sea miembro o empleado de cualquiera de los poderes provinciales”. También establece que “la acusación o denuncia se hará por escrito, determinando con toda precisión los hechos que sirvan de fundamento”.
Es decir, toda persona que está leyendo esto y resida en la provincia puede presentarlo.
CINCO MIL. Es probable que muchos de los lectores de este artículo hayan promovido uno de los más de cinco mil pedidos de juicio político que se presentaron contra Alicia Kirchner el pasado 12 de septiembre en Cámara de Diputados.
Un grupo no tan numeroso de personas fue el que trabajó durante semanas enteras en dichas presentaciones: algunos de los referentes que conforman la Mesa de Unidad Sindical (MUS), más integrantes de los grupos de padres y jubilados organizados, fueron el motor de la iniciativa. A ellos se sumó el apoyo explícito del partido provincial Encuentro Ciudadano (EC), espacio político cuya cara más visible es la diputada Gabriela Mestelán: “acompañamos a los sectores sociales que hoy motorizan el juicio político a la gobernadora”, se lee en el Pronunciamiento de la Asamblea Provincial del partido del pasado 13 de mayo.
EL DESCALABRO. Resulta imposible detallar, dentro de los límites de esta nota, cada una de las causales que se leen en las presentaciones motorizadas desde la MUS y los otros grupos organizados, que a su vez coinciden en puntos básicos con una presentación de juicio político en la que trabajó EC, pero que decidió no presentar aún.
Son páginas y páginas que describen el verdadero descalabro que es el gobierno de Alicia Kirchner a esta altura de su mandato. Sin ánimo de alardear, este crítico panorama fue bien resumido en la tapa anterior de esta revista: una provincia que “se desangra” en una “profunda crisis que atraviesa nuestras vidas”: la SANTA CRISIS. Incluso en esta edición de Nuevo Día se pone bajo la lupa la problemática de la mega corrupción, no a partir de una nueva denuncia sino desde la posibilidad de pensar lo que este drama político, social y cultural implica para quienes vivimos en Santa Cruz.
Muchos podrán suponer que la causa principal de los pedidos de juicio político contra la hermana del ex presidente es precisamente la corrupción que atraviesa al kirchnerismo. Sin embargo, es otra la causal establecida en la Constitución que une a los diferentes pedidos antes mencionados: “falta de cumplimento de los deberes a su cargo”. Esta afirmación de pocas palabras impresa en nuestra ley máxima abarca múltiples aspectos del gobierno de Alicia Kirchner: incapacidad para garantizar la administración de justicia, para asegurar la educación; falta de pago de salarios en tiempo y forma y falta de servicios de salud; retención indebida de haberes; el incumplimiento, la limitación y/o cercenamiento de los derechos a trabajar, a peticionar a las autoridades, a usar y disponer de la propiedad, a tener condiciones dignas y equitativas de trabajo… y varios etcéteras. La lista se amplía, los detalles se multiplican y los motivos de juicio político se bifurcan y entrecruzan describiendo una realidad cuyo entramado es alarmante.
DERECHO A PATALEAR. Un hombre de Río Gallegos –estudioso y conocedor de la Historia– me comentaba que los casos de juicio político en Santa Cruz siempre resolvieron las internas del partido de gobierno. Un dato histórico a tener en cuenta.
Decíamos que la Constitución establece que se necesitan dos tercios de los votos para que el gobernador, en este caso la gobernadora, pueda ser suspendida primero y destituida después. Ocurre que por la conformación actual de la Cámara de Diputados, donde la oposición no llega a esos dos tercios y el bloque oficialista no se encuentra fracturado, no cabe entonces la posibilidad real de que el juicio político se lleve adelante, aun cuando existan causales y argumentos para tirar al techo.
Por otra parte, una mujer estudiosa y comprometida en los reclamos que se sostienen en la calle de la capital provincial, me hablaba del profundo valor simbólico que tuvo la llegada a la Legislatura de los miles de pedidos de juicio político, muchos de los cuales provenían del interior. En lo personal, coincido con esta visión.
CITY TOUR. Pese a que las miles de presentaciones no sirvieron para convencer a los diputados que responden al kirchnerismo, pienso que es importante seguir buscando la manera de llamar la atención de la gobernadora, de sus funcionarios, de sus legisladores y del partido de gobierno. Lo digo en calidad de periodista en este escrito de análisis y opinión, y del mismo modo lo pienso como ciudadano que firmó uno de los pedidos de juicio político que se motorizaron desde la calle. También lo defino como integrante del partido político aquí mencionado que explicitó su apoyo a la medida.
Podemos coincidir o no, claro está. Pero déjenme decirles algo de un modo más directo a quienes leen esto: me gustaría pensar que si sos una de las personas que mira alrededor y no le gusta mucho de lo que ve, o si directamente padecés las consecuencias de esta crisis, espero entonces que hayas hecho algo en consecuencia durante todo este tiempo de protestas. O bien, que hayas firmado tu pedido de juicio político contra la gobernadora.
Ojalá no seas de ese tipo de personas que abunda: hombres y mujeres que se pasean como turistas en medio de la ciudad en la que viven, aún en plena crisis.
De veras, ojalá no pertenezcas al exitoso partido de Los Indiferentes.
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